CONSTRUCCIONES ILEGALES

Fecha: 6 julio, 2016

Escrito por:

Jesús Quero
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Todos conocemos casos de construcciones ilegales, que son las realizadas sin licencia o sin conformidad con la licencia obtenida. Desgraciadamente hay incluso supuestos de construcciones realizadas al amparo de licencias que posteriormente se descubre que han sido concedidas ilegalmente.

También sabemos que muchas veces no pasa nada pero, ¿y si sí? Lo normal será verse sometido a un doble expediente de infracción urbanística, el sancionador y el de reposición. Son procedimientos independientes encaminados, el primero de ellos, a imponer sanciones a los infractores, ya sean el promotor (particular o empresa), el constructor o incluso los técnicos intervinientes. El segundo de ellos, que afectará al actual propietario de la construcción ilegal, pretende la restitución de la legalidad, bien mediante la regularización, si ello es posible, o bien mediante la demolición. En los casos más graves el asunto puede ser incluso constitutivo de delito.

Regularizar una construcción ilegal no es fácil. Si la construcción se ha llevado a cabo sin licencia, pero es compatible con la normativa, podrá ser suficiente con solicitar la correspondiente licencia y pagar la sanción impuesta. Si la licencia no se puede otorgar, no cabrá la regularización, si bien existen algunos supuestos especiales y existe también la posibilidad de que el transcurso del tiempo pueda llegar a suponer la imposibilidad de sancionar o incluso de reponer la realidad física alterada. Esta última posibilidad no cabe cuando se trata de zonas verdes o lugares de especial protección, ya que no habrá plazo de prescripción.

Las construcciones ilegales ocasionan perjuicios que afectan a todos. Al propietario, aparte de la apertura de los expedientes comentados, le puede suponer la imposibilidad de contratar los suministros básicos, o impedirle contar con saneamiento, o con posibilidades de ampliación o mejora. Los perjuicios para los demás son aún más diversos, tanto en relación a los vecinos directamente afectados como en relación con el interés general, el uso público, las zonas verdes, el interés paisajístico o el deterioro medioambiental. Es por ello que, aparte de la más que probable inspección por parte de las autoridades, que cuentan con medios técnicos cada vez más sofisticados, existe la posibilidad de denuncia por los afectados e incluso por cualquier persona u organización que actúe en defensa de los intereses generales.

Al plantearse una construcción, e incluso una compra, se hace imprescindible recabar suficiente información acerca de la legalidad urbanística. No contar con el debido asesoramiento puede suponer un riesgo importante. Hay quien puede pensar que está haciendo un buen negocio esquivando la legalidad y no hay mejor negocio que la seguridad.  Los profesionales también ofrecemos asesoramiento a quienes se deciden a promover acciones contra las construcciones ilegales, bien porque se sienten perjudicados directamente, bien porque quieren actuar en defensa del interés general.

Jesús QueroIMGP9351

 

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